LA GERENCIA PÚBLICA COMO PROBLEMA POLÍTICO

Algunos temas abordados para sustentar teóricamente mi tesis, la que tuve que defender para obtener el grado de maestro en gerencia pública en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), los iré incorporando a este blog, evidentemente, con los ajustes necesarios para este efecto.

La coordinación de esfuerzos, la administración, se encuentra presente en todos los estadios de la humanidad; no obstante ello, debo referirme a la gerencia pública (coordinación de esfuerzos en el sector público) como problema político. No olvidemos que la gerencia pública constituye un aspecto importante de la ciencia política, circunscribiendo el presente análisis a partir de los años 90.

Luego del periodo reformador del primer gobierno militar (1968-1975), en la década del 80 se incursiona con el segundo gobierno de Fernando Belaunde a un “tibio neoliberalismo”^[1] y al desmontaje del velasquismo.

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS HACIA MEDIADOS DE 1990
Indicador		Monto
Crecimiento del PBI	%	-7.3
Inflación anualizada	%	4,778.00
Ingresos Corrientes	% PBI	5.6
Gastos Corrientes	% PBI	14.2
Intereses Deuda Pública Externa	% PBI	8.0
Liquidez del Sistema Financiero	% PBI	5.2
Crédito del Sistema Financiero	% PBI	5.1
Desempleo Global	%PEA	8.3
Sub - empleo	%PEA	86.4
Adecuadamente empleado	%PEA	5.3
Reservas internacionales netas	MILLONES US $	-163

Los grandes males económicos de dicha década – inflación y recesión- provocaron una crisis generalizada en el estado peruano (política, económica, social, etc.) a tal punto que se puede afirmar que a julio de 1990 el Perú se encontraba prácticamente destruido. Los indicadores económicos^[2] del cuadro anterior permiten tal afirmación.

La situación de crisis no fue privativa de nuestro país. El agotamiento del estado de bienestar generó en los países desarrollados y en los latinoamericanos situaciones aproximadas a la nuestra. En tal situación, hablar del sector público era hablar de cambio como una necesidad.

A partir de 1990 el papel del estado cambia, de haber sido el centro varía a desempeñar un papel secundario o subsidiario y sometido a las leyes del mercado erigiéndose éste como la nueva institución hegemónica abierta y ordenadora de la sociedad. El ajuste estructural aplicado dio lugar a una economía de mercado y a cambios institucionales radicales y rápidos, reduciendo al Estado y su actividad. Estos cambios definen una nueva época en el devenir histórico de nuestro país.

“El rol que en cada momento histórico concreto se asigna al Estado guarda relación con el entorno económico, social y político; y, a su vez, a cada modelo de Estado corresponde un determinado modelo organizativo de Administración Pública”^[3], se sostuvo con acierto en 1995. Los cambios en la Administración Pública peruana respondían a las reformas de primera generación (económicas) que se produjeron.

A pesar de los cambios habidos no se afianzó adecuadamente la institucionalidad necesaria para el funcionamiento coherente y efectivo de las macro instituciones, como en el caso del mercado. Ello evidenció, posteriormente, la debilidad del modelo ante las crisis internacionales y fenómenos climatológicos; posibilitando, además, los niveles de corrupción descubiertos a finales de la década del 90.

“La profundización democrática supone transparencia, información y mayor autonomía de los sectores sociales para tomar sus propias decisiones y asumir sus propios proyectos… el Estado es menos un agente económico directo y más un constructor de institucionalidad, es decir, del espacio público en el cual los agentes privados asumen responsabilidades.”^[4] Tarea que se viene tratando de retomar en la presente década. Las diferencias de opinión sobre el papel económico del Estado se han visto reducidas en el presente siglo, “la visión actual del papel del Estado se ha traducido en dos iniciativas, la liberalización y la privatización.”^[5]

Las ideas mencionadas muestran la importancia de considerar el papel del Estado en el desenvolvimiento social en su conjunto. Las reformas estructurales realizadas en el Perú a partir de los noventa han permitido el crecimiento sostenido de los últimos años, lo que no significa que los problemas fiscales se hayan resuelto. Ello demanda más que medidas aisladas el establecimiento de consensos o de un nuevo pacto fiscal que comprometa al fisco a usar eficientemente los recursos; que contemple mecanismos transparentes de acción pública; que prevea la equidad como objetivo importante; y que contribuya a afianzar la institucionalidad democrática.^[6]

Las preocupaciones anteriormente reseñadas corresponden al campo de la política, sin duda alguna. No obstante, cuando se trata de establecer el ámbito de lo político frente a la gerencia pública o viceversa la situación se complica. Dicha dicotomía, supuesta o cierta, no es nueva.

“Hay dos funciones distintas de gobierno… política y administración. La política se relaciona con las expresiones de la voluntad del Estado. La administración se relaciona con la puesta en práctica de esas medidas…la política tiene que ver con guiar o influir en la política gubernamental, mientras la administración tiene que ver con la aplicación de dichas medidas… para que se dé armonía entre la expresión y la ejecución de la voluntad del Estado habrá que sacrificar la independencia del organismo que expresa la voluntad del Estado o la que la cumple… el gobierno del pueblo exige que sea la autoridad ejecutante la que se subordine a la autoridad expresiva… la política debe tener un cierto dominio sobre la administración…”^[7] Así se plantea la dicotomía entre política y administración en los primeros momentos del desarrollo de la administración pública, Goodnow Frank 1900. Discutida y discutible, la posición anterior fue prácticamente demolida como efecto del new deal. Después de establecer la necesidad de una “actitud gubernamental”^[8] en los funcionarios de gobierno, Paul Appleby uno de los principales administradores del new deal, señala que una combinación de inclinación política con experiencia organizativa y ejecutiva podrían asegurar éxito a un funcionario público o en todo caso lo convierten en un buen prospecto. Asimismo, sostiene, que los aspectos que hacen del gobierno distinto de cualquier otra actividad o institución es su gran alcance (impacto y consideración); responsabilidad política y su carácter político, afirmando categóricamente que el gobierno es distinto, porque gobierno es política. Acaba así con la dicotomía administración política anteriormente planteada.

Al Respecto Etkin^[9] ha tratado tres ámbitos de las decisiones en las organizaciones. La política, el gobierno y la gerencia. Además de llamarlos funciones los conceptúa como “dominios”. Sostiene que “para la política (en un contexto democrático) lo básico es lograr consensos o acuerdos, superar crisis y conflictos, buscar el interés común. Esos acuerdos serán la base sobre la cual el gobierno podrá mostrarse como legítimo, representativo y creíble. La actividad de gobierno consiste en definir (y corregir) el rumbo a través de las llamadas estrategias o medidas de gobierno. Las tareas de gerencia tienen que ver con el planeamiento, la realización y el seguimiento de las operaciones. En esta área de actividad, predomina la lógica de la acción porque se piensa desde el punto de vista de las puesta en marcha”. No obstante, las decisiones no siempre se podrán incluir de modo claro en cada uno de estos ámbitos, muchos temas o situaciones reflejarán la intersección de dichos conceptos.

La vinculación política - gerencia pública es innegable. Cualesquiera sea el nivel de influencia o dependencia entre ambos conceptos, lo cierto es que la conducción de un Estado requiere de ambas actividades y del encuentro de puntos de intersección que permita el logro de objetivos beneficiosos para el entorno social. Si a ello se complementa con otros conceptos o categorías que permitan dar mayores luces, no afecta lo afirmado anteriormente.

Tener claro estos conceptos resulta importante para los efectos de cualquier trabajo en tanto que en la normatividad peruana (sobre gestión de intereses) utilizan conceptos como decisión pública y sujetos que comprenden los más variados niveles de decisión del Estado, todo ello , además, a tono con los aportes de la nueva gestión pública que no considera a la Administración como brazo ejecutor de las órdenes políticas (la separación entre política y administración cumplió su función en el modelo burocrático).

Resulta interesante investigar, como abogados, cómo estos conceptos se presentan en las normas del Derecho Administrativo o Derecho Constitucional. Es decir, cómo nuestro ordenamiento regula esta dicotomía entre política y administración; cómo se establece esta línea divisoria en la multiplicidad de cargos públicos en los tres niveles de gobierno (planteo el tema para seguir con la tónica del blog).

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[1] LÓPEZ JIMÉNEZ, Sinesio. Ciudadanos reales e imaginarios. Concepciones, desarrollo y mapas de la ciudadanía en el Perú. Instituto de diálogo y propuestas. pp. 245-292

[2] OTERO BONICELLI, Carlos. Perú: gestión del Estado en el periodo 1990 – 2000. Serie Gestión Pública 14. ILPES-NACIONES UNIDAS-CEPAL. Santiago de Chile, setiembre 2001. Pág. 8.

[3] Mendoza Mayordomo, Xavier. Las transformaciones del sector público en las democracias avanzadas: del estado de bienestar al estado relacional. Conferencia pronunciada en el Seminario “la sanidad: un sector en cambio. Un nuevo compromiso entre la administración, usuarios y proveedores”, organizado por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Santander, 10 – 15 de julio 1995.

[4] MUÑOZ GOMA, Oscar. Después de las privatizaciones. Hacia un Estado regulador. CIEPLAN. Pág. 45.

[5] STIGLITZ, Joseph E. La Economía del Sector Público, Edit. Bosch. 2005. 3ª Edición. Pág. 19

[6] El pacto fiscal: fortalezas, debilidades, desafíos. CEPAL. Santiago de Chile, 1998. Pág. 9

[7] SHAFRITZ, Lay y M. HYDE, Albert C. Clásicos de la Admiistración Pública. Fondo de

Cultura Económica. Primera edición en español. México 1999. pp. 97 - 102

[8] SHAFRITZ, Lay y M. HYDE, Albert C. Clásicos de la Administración Pública. Fondo de

Cultura Económica. Primera edición en español. México 1999. pp. 263 – 272.

[9] ETKIN, Jorge. Política, Gobierno y gerencia en las organizaciones. Acuerdos, dualidades y divergencias. 2000. Pág. 108.

INTELIGENCIA MORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

“Pregunta. ¿Cuál es la prioridad de la política de EE UU hacia Latinoamérica?
Respuesta. La corrupción, porque es el principal obstáculo para la democracia y el desarrollo económico. Pensamos que la lucha anticorrupción es tan importante que la hemos puesto como requisito para proveer ayuda. Ya no va a ser suficiente el nivel de pobreza. (Otto Reich - Jefe de la diplomacia de EE UU para Latinoamérica 2000-2004)”

Introducción

La entrevista (parte) con que inicio el presente, contiene un tema que fue y continúa siendo un lugar común del discurso público, válido no sólo para Latinoamérica, sino para todos los países del orbe.

En EEUU, a la fecha de la entrevista referida, se habían descubierto, procesado y sancionado casos de corrupción que, en solo una empresa (ENRON, WORLDCOM. etc.), su monto superaba largamente el calculado para el Perú durante una década (http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_2068000/2068441.stm). El problema de la corrupción exigía soluciones globales.

Dejemos, por ahora, el tema de la corrupción como un problema político, económico, social, jurídico. El objeto del presente es tratarlo desde una óptica distinta, un nuevo concepto: la inteligencia moral.

Howard Gardner presentó en 1983 su teoría sobre las inteligencias múltiples en el libro Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes. La inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas". Además, esto es algo muy importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad, (puede ser aprehendida y aprendida) lo que hasta hace muy poco tiempo se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no y la educación no podía cambiar ese hecho. Cada persona tiene, por lo menos, ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas (musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal y naturista).

Daniel Goleman, psicólogo estadounidense -en la línea de Gardner, en 1995 en su libro Emotional Intelligence trata una de las que él considera también inteligencia, aumentando la lista de las que posee el ser humano (también ha escrito sobre Inteligencia social y últimamente -2009- sobre Inteligencia ecológica).

La inteligencia moral* se define como “nuestra capacidad mental de determinar de qué manera los principios humanos universales, aquellos que se consideran la “regla de oro” deberían aplicarse a nuestros valores personales, metas y acciones”. No obstante, lo esencial no es distinguir el bien del mal sino la acción en consecuencia.

Inteligencia Moral y función Pública

El concepto función pública es utilizado para comprender a toda la línea del servicio público, conforme lo hace la Constitución Política de 1993: desde los Presidentes de los tres poderes clásicos, Jefes de los Organismos Constitucionales Autónomos y entidades públicas hasta el último peldaño del servicio público (con ello se obvia la diferencia entre funcionario - servidor público y la vieja, según algunos, dicotomía política- administración). El concepto de inteligencia moral es aplicable a todos.

La función Pública no puede encontrarse desligada del entorno en el cual se desenvuelve. El cúmulo de valores, metas u objetivos de carácter social, conductas o costumbres sociales influyen, sino determinan la actividad pública. Quien ejerce función Pública debe estar atento a ello.

Esa capacidad de vincular lo social o general con lo personal o individual se denomina inteligencia moral. “La inteligencia moral es nuestra capacidad mental de determinar de qué manera los principios humanos universales, aquellos que se consideran la “regla de oro” deberían aplicarse a nuestros valores personales, metas y acciones”. Una habilidad para diferenciar el bien del mal. No obstante, lo esencial no es distinguir el bien del mal sino la acción en consecuencia. Hacemos lo que sabemos que es correcto. La inteligencia moral desarrolla como principios la integridad, responsabilidad, compasión y perdón (en términos de tolerancia).

Cuando quien ejerce función pública expresa sus valores y creencias y genera una estrategia, visión y objetivos alineados con dichos valores, además, desarrolla una actitud coherente con todo ello, obtendrá como respuesta la confianza de quienes son conducidos por él y de aquellos a quienes va dirigido su servicio. En ese sentido existe relación entre moralidad y desempeño, aspecto que no debe obviarlo.

Tratándose de entidades públicas en donde el largo plazo es su común denominador, la ausencia de inteligencia moral las haría insostenibles. La inteligencia moral se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo y sostenimiento de toda institución pública.

Coherente con ello, considerando que debe haber algo más elemental que la inteligencia emocional, debe establecerse una especie de “brújula moral” (Lennick y Kiel 2006 : 85). Partir del supuesto que todos tenemos talento innato para ser morales y que no obstante ello se requiere de esfuerzo para lograr convertirlo en competencias. Vale decir buscar que todos busquen “vivir en línea”:

Al respecto, le quedaría al sector público las siguientes tareas pendientes:

- Definición de su infraestructura ética (políticas, normas, órganos, etc.)

- Capacitación. La inteligencia moral (algunos con mayor o menor talento innato) se aprehende y aprende con bastante esfuerzo.

- Investigaciones de mayor alcance para establecer (cuantitativamente, pues la exploración y descripción parecen ya hechas) la correlación: inteligencia moral vs. éxito (económico, personal, político, social, etc.), para hacer atractivo el concepto.

• DOUG, Lennick y FRED Kail. Inteligencia Moral, cómo aumentar el nivel de desempeño en los negocios y el éxito en el liderazgo. Editorial Aguilar. 2006.